miércoles, 21 de mayo de 2014

Participaciones preferentes: naturaleza y causas de un fraude sistemético


La supremacía de los poderes económicos sobre las instancias democráticas constituye el axioma de la realidad política de nuestro tiempo. En la Unión Europea y, en particular, en España, la preponderancia de los intereses de las grandes empresas transnacionales y de la economía financiera contribuyó a gestar la crisis económica y predeterminó la consiguiente degradación de los derechos sociales. Todo ello, claro está, no habría sido posible sin la articulación de sofisticados mecanismos de captura de los poderes públicos en el marco de la legalidad o fuera de ella (delincuencia económica y fiscal, corrupción) y de confusión de intereses público-privados, pero también de otras modalidades de “blindaje” como la extorsión económica (por ejemplo, mediante la amenaza de deslocalizaciones o ataques a la deuda soberana) o la manipulación informativa (a través, pero no sólo, de los medios de comunicación de masas). El resultado de este proceso es una transferencia de renta de las clases populares hacia las élites que ostentan el poder económico, un marcado incremento de las desigualdades sociales que se traduce en el aumento de la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral, la emigración y otras muchas variables.

En el presente artículo se aborda, a modo de estudio de caso, el fraude de las participaciones preferentes. Desde finales de los años 90, los bancos y, de forma mayoritaria, las antiguas cajas de ahorro (1), diseñaron y comercializaron un producto financiero (deuda) de carácter perpetuo y que, desde una perspectiva contable, computaba como recursos propios (capital) de las entidades. Por su doble naturaleza de deuda y capital, las preferentes suelen ser catalogados como instrumentos híbridos. De esta forma, las entidades financieras pretendían financiar artificiosamente su expansión (crecimiento) en una situación pre-crisis de burbuja inmobiliaria-hipotecaria sin obstáculos de tipo fiscal, contable o de control decisorio, pues las preferentes no otorgan derechos políticos a sus suscriptores.

Años después, cuando la burbuja comenzó a desinflarse (2008-2009), las entidades financieras, que tenían dificultades ante la devaluación de sus activos y las crecientes exigencias de solvencia, decidieron emitir participaciones preferentes para “tapar agujeros”. Es decir, antes del rescate bancario que financió el Estado y disparó el déficit público, se produjo otro rescate de las entidades insolventes por sus propios clientes. La banca vendió un producto de elevado riesgo por su texto y contexto a pequeños ahorradores (trabajadores, parados, pensionistas, etc.) que en su inmensa mayoría tenían perfil financiero conservador (todo lo más habían contratado previamente imposiciones a plazo fijo). Una estrategia comercial diseñada desde las cúpulas de las entidades para engañar maliciosamente a sus propios clientes, que iban a perder los ahorros de toda su vida. Profundicemos un poco más. 

¿Qué son las participaciones preferentes? 

Las participaciones preferentes se caracterizan principalmente por su carácter perpetuo, es decir, a diferencia de otros instrumentos financieros, carecen de fecha de vencimiento: en ningún momento el cliente tiene derecho a que se le reembolse el dinero invertido. De ahí que, en algunas ocasiones, por razones informáticas, se haya incluido en los documentos contractuales como fecha de vencimiento el año 9.999. Algo así como el fin de la historia.

Normalmente las preferentes tienen una remuneración (tipo de interés o cupón) ciertamente elevada. La alta rentabilidad de las preferentes es la contraprestación al enorme riesgo del producto, pues amén de su carácter perpetuo, el interés sólo se cobra en caso de que las entidades tengan beneficios. Por su elevado riesgo, el producto ontológicamente está destinado a inversores instituciones o especuladores. Sin embargo, ante las reticencias de los inversores profesionales, especialmente a raíz de la crisis financiera, las entidades decidieron utilizar su red comercial para colocar el producto masivamente a quienes podían engañar con mayor facilidad: sus clientes, pequeños ahorradores sin excesivos conocimientos en el campo financiero y que basaban su relación con el banco en la confianza.

La elevada remuneración y el adjetivo preferente servía para que los empleados de la banca, sometidos a todo tipo de presiones y sin la información necesaria sobre el producto, vendieran de forma camuflada un producto de alto riesgo como un depósito ventajoso, un “depósito preferente” (sintagma que incluso en ocasiones se plasmó en la deficiente documentación contractual), un depósito con mejor remuneración que sólo se ofrecía a clientes fieles, preferentes. La banca cometió todo tipo de tropelías, incumpliendo, como resulta obvio, la legislación en materia de contratación y protección al consumidor. Todo valía para cumplir los objetivos de colocación. Se vendieron preferentes a trabajadores despedidos que depositaban su indemnización, ancianos, personas enfermas o con discapacidad, menores de edad, personas analfabetas que firmaban con la huella dactilar, víctimas del atentado terrorista del 11-M que depositaban su compensación económica, etc.

Otra de las características más importantes de las participaciones preferentes es su falta de liquidez, esto es, la dificultad para deshacerse de la “inversión”. Ya sabemos que el banco no tenía obligación de recomprar las participaciones preferentes a sus clientes, pero éstos sí podían venderlos a otros compradores. Esta posibilidad de venta se presentaba a los clientes como una facultad absoluta que el banco no tendría más opción que aceptar. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que en un principio, cuando el contexto era de bonanza económica, los escasos clientes que querían “rescatar” su dinero del banco lo conseguían, ya que el banco cruzaba la orden de venta con una orden de compra… de otro cliente. Un sistema de ‘cases’ piramidal que por su propia naturaleza tenía fecha de caducidad, hasta que finalmente (año 2011) las pérdidas se hicieron públicas y las víctimas constataron el bloqueo de sus ahorros (corralito fáctico). Los datos aún varían según la fuente, pero podrían haberse vendido cerca de 30.000 millones de euros en preferentes a decenas de miles de personas. 

La captura del poder legislativo 

La emisión de las participaciones preferentes ha venido vinculada en las últimas décadas a la necesidad de las entidades financieras, en particular de las cajas de ahorro, de obtener recursos propios para financiar su expansión, ya que por su naturaleza no podían emitir capital. A finales de los años 90 las entidades financieras, incorporando una figura anglosajona (preference shares), comienzan a emitir exponencialmente participaciones preferentes en un contexto de emergente burbuja inmobiliaria. Las primeras emisiones se realizan en paraísos fiscales, casi siempre en las Islas Caimán, por la falta de regulación legal en España y, por razones obvias, para evadir impuestos. Un hecho prácticamente desapercibido es que con motivo de la evasión fiscal de la banca la Fiscalía Anticorrupción inicia una investigación que finalmente archiva en febrero de 2003, si bien tras constatar el grave fraude fiscal que se estaba cometiendo (2). El legislador toleró este limbo fiscal a sabiendas del especial interés de la banca, hasta que, en una legislatura con mayoría parlamentaria de la derecha (Partido Popular), aprovechando la tramitación parlamentaria de la Ley de 2003 sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) propone poner fin al fraude fiscal siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI). La enmienda proponía regular las participaciones preferentes estableciendo límites a sus emisiones, obligando a tributar por el Impuesto de Sociedades sin derecho a deducción y a comunicar a Hacienda la identidad de los suscriptores. La aprobación de la enmienda en estos términos muy probablemente habría evitado el fraude finalmente cometido; sin embargo, una enmienda transaccional de Convergencia y Unió (derecha nacionalista de Cataluña) modificó sustancialmente la enmienda aprobada y consagró los beneficios fiscales. La banca tenía la alfombra roja para desencadenar la estafa financiera más grande de la historia de España. ¿Por qué Convergencia y Unió hizo una enmienda transaccional y fue finalmente aprobada en esos términos? La pregunta difícilmente puede responderse sin tener en cuenta la consabida actividad de los grupos de presión y la mezcolanza de intereses público-privados, sobre todo, a la hora de regular aspectos aparentemente técnicos. 

La captura del poder ejecutivo 

Las entidades financieras en España están sometidas al control del Banco de España. En tanto que proporcionan servicios de inversión, las entidades de crédito también son supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el ente regulador del sector financiero. Los organismos o entes reguladores constituyen un modelo de Administraciones pública, de origen norteamericano, que sacrifica la dirección gubernamental en pro de una supuesta neutralidad política y especialización técnica. El déficit de legitimación democrática no es el único problema de los entes administrativos de supervisión. La experiencia empírica y una profusa pluralidad de análisis evidencian la producción, desde hace décadas, de un fenómeno de 'captura del regulador' que consiste en la apropiación del ente supervisor por los propios operadores regulados, que imponen sus intereses privados en las decisiones públicas. En  relación con la burbuja de las participaciones preferentes, la captura del ente regulador se traduce, cuando menos, en la tibieza de su actuación preventiva, inspectora y sancionadora.

La cronología de las actuaciones (y omisiones) de la CNMV es esclarecedora de cuanto se dice. En octubre de 1998, antes de que las participaciones preferentes tuvieran siquiera reconocimiento legal expreso, la CNMV autorizó la negociación de este instrumento en un mercado organizado de renta fija (mercado AIAF). En junio de 2005, el regulador, a sabiendas de la existencia de un conflicto de interés (las entidades emisoras vendían sus propios productos entre sus clientes) recomendó la adopción de una serie de criterios y pautas de actuación. En febrero de 2009, en un contexto de objetivos renovados de solvencia de las entidades financieras y venta exponencial de participaciones preferentes, la CNMV se limitó a comunicar a las entidades reguladas el incremento de las exigencias de información para verificar las emisiones dirigidas a clientes minoristas, nuevamente con la intención de prevenir conflictos de interés. Y en el mes de mayo de 2009 publicaría un folleto informativo para advertir a los clientes de los riesgos existentes. Recomendaciones, comunicaciones, advertencias... Así trataba la CNMV un fraude en fase metastásica.

Sólo desde finales de 2011, cuando el escándalo ya era público y notorio, el ente regulador reveló parcialmente la grave realidad de la situación e incoó nueve expedientes sancionadores –aún no resueltos y que por su propia naturaleza no pueden reparar el perjuicio sufrido a los ahorradores–. 

La captura del poder judicial 

No es necesario ser un experto jurista para intuir el carácter delictual de una macrooperación financiera basada en prácticas deliberadamente engañosas y dirigida a la sistemática conversión del ahorro de los trabajadores en capital de la banca. La inhibición de la maquinaria penal sólo puede entenderse en un escenario de hegemonía del poder financiero y, en particular, de una limitada independencia judicial, como se afirma en un reciente informe del Consejo de Europa. Ya nos hemos referido al archivo en 2003 de una investigación incipiente de la Fiscalía Anticorrupción. A priori podría parecer que la intención del establishment es focalizar la respuesta penal en casos aislados a fin de ocultar el alcance generalizado del fraude y sus causas sistémicas. Ni siquiera eso. En el llamado “caso Blesa” (por el expresidente de Bankia), que le ha costado el destierro al instructor de la causa, el Juez Elpidio Silva, la Audiencia Nacional ya ha descartado la responsabilidad penal en relación con las participaciones preferentes. Tampoco la Fiscalía, que tiene legitimación para defender los intereses generales de los consumidores en el orden jurisdiccional civil, ha llevado a cabo en este ámbito actuaciones de relieve.
Así las cosas, las personas que han perdido sus ahorros sólo tienen la vía judicial civil para intentar recuperarlos. No sin trabas. Los poderes públicos y privados se han encargado de limitar el acceso a la Justicia en todos los frentes. En un primer momento, la reacción de las entidades financieras fue la de ofrecer a sus clientes complejos canjes en los que pretendían convertir las participaciones preferentes en obligaciones o acciones que, salvo casos excepcionales, confirmaban las pérdidas económicas. Las ofertas de canje no eran fruto de la casualidad o el altruismo, sino que se ajustaban a las necesidades coyunturales de la banca (3).

En cuanto a las entidades bancarias recatadas por el Estado, se articularon sistemas de arbitrajes (resolución extrajudicial) sin la más mínima garantía de independencia para analizar, se decía, caso por caso la existencia de irregularidades en la contratación del producto. Hay que recordar que en España la banca nunca ha querido participar en el consolidado Sistema Arbitral de Consumo. La creación de estos nuevos sistemas de resolución tiene carácter excepcional, se hace con posterioridad al surgimiento del conflicto y son consultoras privadas o incluso las propias entidades las que deciden la admisión de las reclamaciones. Se trata, pues, de un dislate alternativo a la Justicia que carece de la más elemental juridicidad y que ha sido promovido por las autoridades públicas competentes.

Para cerrar el círculo de la impunidad, el Gobierno de Mariano Rajoy promovió el pasado año 2012 la aprobación de la conocida como Ley de Tasas Judiciales, que ha obligado a los ciudadanos que quieran iniciar procedimientos judiciales a pagar tributos de muy elevada cuantía (4). 

Reflexiones finales 

Esta es la historia, silenciada hasta hace poco y contada superficialmente por los medios de comunicación de masas, de los tipos que estafaron a nuestros abuelos y, en general, a decenas de miles de personas humildes que no han hecho otra cosa que trabajar y ahorrar en vidas de austeridad, dignidad y sacrificio. La codicia exacerbada e inmoralidad de unos pocos banqueros sin escrúpulos, que tienen nombres y apellidos, y también la pasividad y connivencia de poderes públicos sometidos, han provocado cuantiosas pérdidas económicas, angustia, sufrimiento, daños morales irreparables e incluso suicidios. A la verdad pretenden contribuir estos párrafos. A la justicia y la reparación deben dirigirse los esfuerzos coordinados de quienes pretenden democratizar el sistema político-económico y de las víctimas del fraude de las preferentes, para que, primero, recuperen lo que es suyo, y, segundo, sean juzgados los responsables del fraude. Empero, la evitación de nuevas estafas financieras no pasa, sólo, por la renovación de quienes ostentan los poderes públicos y la exigencia democrática de rendición de cuentas. Necesitamos reinventar los mecanismos de control de los poderes económicos, reforzar el control de los poderes públicos y reducir las actividades económicas ejercidas con ánimo de lucro.

La estafa de las preferentes es sólo una manifestación más de una estafa sistémica que llamamos crisis. El escándalo no tiene parangón en España por su magnitud y la evidencia de la apropiación de lo que pertenece a la ciudadanía por la oligarquía financiera. Pero el modus operandi siempre es el mismo. Unas élites económicas ávidas tutelan a los poderes públicos y extraen renta a las clases populares. ¿Acaso no sucede lo mismo con el sistema público de pensiones, la sanidad y la educación públicas o la reforma laboral? 

NOTAS:
(1)   Interesados diagnósticos pretenden responsabilizar a las cajas de ahorro exclusivamente de los abusos bancarios con el objetivo de desacreditar a lo público. Pero no es cierto ni que los bancos no hayan cometido abusos ni que las cajas sean bancos públicos. Ni en su origen –siendo su antecedente los Montes de Piedad– ni en su forma jurídica se aprecia el carácter público de las cajas, que han constituido, todo lo más, entes sociales. Es indiscutible que las cajas se han articulado como entidades de régimen privado, es decir, que han escapado a los principios y garantías de la administración burocrática y a los controles propios de la gestión pública. El fracaso de las cajas es, sin duda, el fracaso de la gestión privada. Ahora bien, aun cuando la representación de los poderes públicos se limitó al 50% de los votos totales, es indiscutible la responsabilidad de los principales partidos en la nefasta gestión de las cajas. Pero el riesgo no radicaba tanto en la presencia de políticos como en la ausencia de gestión pública, con el agravante de que la actividad de las cajas también era ajena al debate público. Pero si hay una razón que explica el fracaso de las cajas de ahorro esa es la perversión de sus fines originarios. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 2005 describe este proceso de privatización con absoluta claridad, al señalar que las Cajas “ya no persiguen principalmente fines benéfico-sociales, sino los propios de una entidad de crédito sometida a las leyes del mercado”. En los últimos años, a raíz de la crisis económica, las cajas de ahorro han sido convertidas en bancos.
(2)   Véase el diario El País (01/02/2003), que recoge la información sobre la investigación de la Fiscalía (accesible en: http://elpais.com/diario/2003/02/01/economia/1044054004_850215.html). Las Memorias de la Fiscalía no aluden expresamente a esta cuestión, si bien hacen referencia a actuaciones encaminadas a la lucha contra el fraude fiscal en los mercados de capitales.
(3)   El control de la solvencia de las entidades financieras se lleva a cabo mediante un complejo entramado competencial, si bien resulta de vital importancia los acuerdos, de alcance internacional, que elabora el Comité de Basilea. Los acuerdos de Basilea III, aprobados como consecuencia de las insuficiencias reveladas por la crisis económica internacional, tienen una implantación progresiva hasta 2018 y suponen un incremento de las exigencias de capital tanto en cuantía como en calidad. Las ofertas de canje de preferentes guardan relación con estos nuevos criterios de valoración.
(4)   Las tasas judiciales en procedimientos ordinarios supone el abono mínimo de 300 euros en primera instancia y 800 euros en segunda, costes que se unen a los honorarios de los profesionales obligatorios (abogado y procurador) y al riesgo, en caso de perder el procedimiento, de tener que pagar los honorarios de los profesionales de la parte contraria. La degradación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva a través del copago judicial es una estrategia gubernamental de mayor alcance, pero no puede entenderse sin el alud de abusos bancarios cometidos en los últimos años y la consecuente pretensión de impunidad.
Miguel Á. Andrés Llamas es abogado y politólogo

domingo, 11 de mayo de 2014

Fraudes alimentarios: vender pescado congelado como fresco





Golpe al fraude alimentario

España e Italia destapan una red que vendía pescado congelado como fresco
La colaboración internacional confiscó 1.200 toneladas de comida ilegal en 2013

Parecían calamares, sepias y pulpos recién capturados. Y se exhibían en supermercados italianos con precio de pescado fresco. Pero en realidad habían sido congelados, descongelados y sometidos después a un tratamiento estético. Y habían hecho además un viaje de ida y vuelta entre Italia y España durante el cual se falsificaba su documentación. Dos empresas italianas y una española estaban aliadas en el fraude: una italiana de la región de Romagna vendía a otra de Arezzo (Toscana) el pescado congelado, que a su vez se lo vendía a una tercera ubicada en Barcelona. Cuando la mercancía llegaba a Cataluña, era descongelada y vendida otra vez a Arezzo, pero ya como pescado fresco. De vuelta en Italia, se le aplicaba un producto químico prohibido en la UE llamado Whitech-2, compuesto por ácido cítrico, ácido fosforito y peróxido de hidrógeno, para darle brillo y poder venderlo luego a los supermercados como recién capturado.

La Guardia Civil española y los Carabinieri italianos acaban de desmantelar esta red de fraude alimentario en una operación internacional, denominada Pulpo V, en la que se han confiscado 30 toneladas de pescado y 1.600 kilos de Whitech-2 después de seis meses de seguimiento en ambos países. Eso quiere decir que al menos durante ese tiempo los clientes de los supermercados italianos que vendían ese pescado fueron engañados y, aún peor, compraron un producto peligroso para su salud. No porque contenga Witchech-2 (prohibido por ser una sustancia engañosa, no porque sea perjudicial), sino porque ha escapado a la cadena de controles oficiales de seguridad alimentaria. Una de las cadenas de supermercados que lo distribuyeron en Italia, Esselunga, ha anunciado que se personará como acusación contra la red.

La Operación Pulpo V es el último fruto de la creciente colaboración que existe entre los países de todo el mundo para luchar contra el fraude alimentario, una amenaza que no ha dejado de aumentar en los últimos años por la globalización del mercado alimentario. Cuantos más viajes y cambios de mano haga una mercancía, más fácil es que se produzca un fraude, como demostró el año pasado el escándalo de la carne de caballo vendida como si fuera ternera, que afectó a una veintena de países europeos, entre ellos España. Pero el de la carne de caballo fue solo el caso más sonado de una larga lista menos conocida. “Muchos se sorprenderían si supieran la cantidad de alimentos y bebidas de consumo diario que se están falsificando, y el volumen de los decomisos pone de manifiesto que se trata de un grave problema mundial”, declaró Michael Ellis, jefe de la Unidad contra el Tráfico de Productos Ilícitos y la Falsificación de Europol, al presentar el pasado febrero los resultados de Opson III, la última gran operación internacional: 1.200 toneladas de alimentos ilícitos o que no cumplían las normas mínimas de calidad y casi medio millón de litros de bebidas falsificadas incautados en 33 países.

España fue uno de esos países. Entre esas 1.200 toneladas de alimentos incautados se incluían 4,5 toneladas de caracoles. “Los recolectaba una red criminal organizada en Burriana (Castellón) y los vendía a criaderos de helicicultura y comerciantes minoristas que los mezclaban con los caracoles criados legalmente para darles apariencia legal e introducirlos en el mercado”, explica Manuel Junquera, alférez de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, que centraliza toda la información de las actuaciones del cuerpo. En esa operación, denominada Aspersa, se realizaron 24 detenciones por delitos contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a organización criminal.

La categoría más importante de los alimentos decomisados en Opson III en todo el mundo es la constituida por los pescados y mariscos, que es la que suele presentar más problemas de conservación y etiquetado incorrecto. Se confiscaron 685 toneladas por uno de estos dos motivos y se decomisaron 484.000 kilos de atún con documentación falsa.

Las operaciones Opson —que en griego significa “comida”—, están coordinadas por Interpol y Europol y empezaron en 2011, aunque en esa primera edición solo participaron 10 países (entre ellos, España) y el volumen de decomisos fue muy pequeño. Pero en 2012 se unieron 30 países y se lograron confiscar 235 toneladas de alimentos y 385.000 litros de bebidas.

La Guardia Civil realizó muchas más operaciones el año pasado que, por su temática, se inscriben dentro de la Operación Opson específicamente española. En total, sumando todas estas intervenciones, en 2013 se confiscaron en España 500 toneladas de alimentos y 400.000 litros de bebidas. “Confiscamos de todo, desde jamones que se hacen pasar por ibéricos cuando no lo son hasta productos almacenados en malas condiciones, aceite de oliva, caviar falso. Actuamos en puertos, aeropuertos, almacenes y comercios minoristas, aunque el objetivo sobre todo es encontrar el origen de las redes y desmantelarlas”, comenta Junquera.

Un fraude muy común, según Junquera, es el de las bebidas alcohólicas falsificadas. “Hay grupos que importan de manera ilegal ron o whisky a granel desde Sudamérica, lo embotellan con etiquetas de marcas conocidas y lo venden sobre todo a bares y discotecas. Es lo que se conoce como alcohol de garrafón”, apunta el alférez.

José Vicente Gómez Mateo, jefe del Área de Calidad Alimentaria de la Comunidad de Madrid, que colabora como asesoría técnica en algunas operaciones, advierte de que donde más fraude se produce es en los productos que pueden dar más beneficios. “Es decir, los que son más caros. El engaño más común es encontrar alimentos etiquetados con calidad superior a la que realmente tienen o con denominaciones de origen falsas”.

Fuente: El País

viernes, 9 de mayo de 2014

VIVIR SIN MÓVIL, de Xuan Cándano




 


VIVIR SIN MÓVIL
Xuan Cándano. Periodista y Director de ATLANTICA XXII


-¿Dónde estás?

-En casa, donde me acabas de dejar.

Si la CIA tiene controladas todas nuestras conversaciones, como parece, sus agentes se estarán volviendo locos depurando millones de conversaciones estúpidas y banales que se producen a diario a través de los teléfonos móviles. Deben de ser la mayoría.

No hace falta ser un sabio para conocer que la ciencia es neutra y que sus logros constituyen un avance, aunque también pueden ser un retroceso, dependiendo de su utilización. La imparable revolución tecnológica hace más evidente esa perogrullada y los teléfonos móviles se han convertido en su icono, también de tan paradójico fenómeno.

En su ensayo Nunca más solo. El fenómeno del móvil (Editorial La Oveja Roja), los filósofos franceses Miguel Benasayag y Angélique del Rey exponen las consecuencias psicológicas y antropológicas de la generalización de estos teléfonos y sus conclusiones son realmente desoladoras. Han constatado que, como con otros grandes avances de la técnica, “no escatimamos elogios y descripciones minuciosas para contar todo lo que hemos ganado, olvidándonos una vez más de preocuparnos por lo que hemos perdido”. Su libro pretende ser una aportación “para que la victoria de la técnica no sea, como tantas veces, una victoria pírrica”.

Benasayag y Del Rey constatan que, en general, los móviles nos están haciendo más ignorantes e impotentes. Sobre su pésima y ridícula utilización, siempre aludiendo a la mayoría de sus usuarios, son contundentes: “Con el móvil, la oligofrenia comunicacional está asegurada, y también son posibles otras metástasis más orgánicas: cuanto más hablamos, menos tenemos que decir. Hay una metástasis que no está a la espera de verificación, es la de la idiotez comunicacional”.

Los jóvenes ya han nacido casi con un móvil en la mano y su manera de relacionarse no se concibe sin el aparato, pero en los adultos su generalización ha provocado una infantilización difícil de comprender. “Desde un punto de vista funcional no deja de ser preocupante el que millones de adultos se comporten como adolescentes presa de un ataque de verborrea”.

Para gran parte de sus usuarios la función básica del móvil, la de comunicar, es marginal. Partiendo del narcisismo que delata su pésima utilización, Benasayag y Del Rey observan otras funciones que desarrolla prioritariamente: ansiolíticas e hinópticas.

Y aunque ha convertido a los humanos en individuos continuamente controlados, el móvil es el icono social por excelencia, “icono investido del poder del bien supremo en el bolsillo de cada cual”.

Pero hay quien se resiste a ello. Y lo hace con total naturalidad y sin perderse nada de las ventajas del progreso.

Un negocio que no da satisfacciones

Eduardo Menéndez Casares es geólogo y trabaja en la Universidad de Oviedo, en la Escuela de Minas. También es un veterano militante ecologista y activista en Ecologistas en Acción. El campo y las excursiones por la naturaleza, tanto trabajando como en tiempo de ocio, son una pasión a la que no renuncia. Nunca tuvo teléfono móvil porque asegura que no tiene necesidad “de estar permanentemente localizado”. Recibió presiones de todo tipo (en casa, en el trabajo) para sumarse como usuario a un fenómeno que cree que “no tiene marcha atrás”, pero del que permanece al margen, no por beligerante oposición, sino porque nunca tuvo necesidad.

No le desasosiega en absoluto andar solo en largas caminatas por espacios naturales, pero dice que se pone nervioso si oye el sonido de un móvil en el monte o en un acantilado. “Los de la aldea no tenemos miedo a andar por el campo”.

Para Eduardo el móvil es un aparato inútil, “que hubo un momento en el que daba estatus”, y lamenta que su profusión provoque que la gente ya no quede físicamente para verse. Piensa que se trata de una necesidad artificial y la compara con la obsesión por la velocidad, también ligada a la técnica. “Nos movemos con más velocidad en AVE o en avión, pero no nos enteramos de por dónde pasamos. Todo está subordinado al mercado, a que sea una mercancía. Lo del móvil es un negocio tremendo que no da más satisfacción a las personas”.

“No lo necesito”

Hace muchos años que el escritor Braulio García Noriega vive de vender libros por Internet a través de su librería digital (www.paquebote.com). El teléfono móvil no se lo impusieron sus clientes, esparcidos por todo el mundo, sino los bancos. “Para las transferencias bancarias y los pagos del trabajo antes tenía tarjeta de coordenadas, pero el banco impuso el móvil. O eso o ir presencialmente”.

Desde entonces Braulio tiene un móvil, pero solo él conoce el número, porque lo usa exclusivamente en esas obligaciones bancarias. Sus amigos, sus familiares y sus clientes lo llaman a su teléfono fijo. “¿Que por qué no uso el móvil? Porque no lo necesito. Lo puedes necesitar un día. Pues voy a una cabina”.

El dueño de Paquebote no comparte lo que define como “el discurso de la época: crean una necesidad y todos parecemos obnubilados con ella”.

Animales en transición

Como escritor y periodista Gregorio Morán es uno de los profesionales más prestigiosos de España y sus libros y sus artículos en La Vanguardia tienen un público masivo y muy fiel, aunque los poderes, también en el mundo cultural, no le tengan precisamente simpatía por su espíritu crítico. Si le preguntan por qué no usa móvil se obtiene la respuesta común a todos los que viven y trabajan perfectamente sin el aparatito: “No tengo ninguna necesidad”.

Junto a otros argumentos, Morán añade uno generacional: “Me llegó tarde. Los ricos no necesitan móvil y los pobres pobres tampoco. Tengo uno aquí que me regalaron, pero no lo uso”.

A Morán, gran conversador y excelente contertulio, siempre presencialmente y en una buena sobremesa con los amigos, el uso masivo del móvil le parece un icono, pero de la tendencia al absurdo de la modernidad. “¿Qué hacemos gente mayor como yo dándole a los botoncitos de ese aparato? Eso es de película de Berlanga. Viajas en el metro y ves esas escenas… los viejecitos aceptan su condición de animal del siglo XX en transición al XXI”.

“La amistad no necesita el móvil”

También la falta de necesidad y no ningún tipo de apriorismo es el motivo por el que a Santiago Alba Rico no es fácil verlo con el móvil en la mano o en la oreja. El filósofo y escritor vive en Túnez y prescinde de él sin problema alguno. Lo explica por correo electrónico, que en cambio sí es para Santiago un instrumento de trabajo.

“No es una decisión heroica la mía. Tengo una vida laboral privilegiada -sin jefes ni clientes- y por lo tanto no lo echo en falta jamás en mi vida cotidiana. Lo usé durante un mes y medio, durante la revolución tunecina, porque entonces era muy importante saber lo que estaba ocurriendo en otros puntos de la ciudad y coordinar encuentros. Ahora no me hace falta. La amistad no necesita el móvil”.

No estar continuamente controlado con ese aparato se ha convertido en una excentricidad, algo que Alba Rico comprobó hace poco en Túnez cuando un amigo, al comprobar que no tenía móvil, se ofreció para comprarle uno creyendo que era por falta de dinero.” No me siento raro, pero desde luego parezco raro. El móvil se ha convertido en un presupuesto universal de integración social, interclasista y casi natural, como el llevar zapatos o tener dos piernas”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 29, NOVIEMBRE DE 2013

viernes, 2 de mayo de 2014

Problemas respiratorios, de Juan José Millás


Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que las compañías eléctricas deberían estar nacionalizadas. O tan reguladas que no mereciera la pena explotarlas con los fines de lucro actuales. Resulta un disparate que en los meses de frío (aunque también en los de calor) el vatio salga a subasta como una obra de arte de Christie´s, para que pujen por él especuladores sin alma. Les falta enmarcarlo y ponerlo sobre un paño de terciopelo. Pero bueno, la historia es ésta: que el vatio se pone en manos de los subasteros, algunos de los cuales forman parte de las compañías que los han sacado a la venta. De ese modo, el precio sube o baja en función de sus intereses o del cabreo general.

Mientras se produce la subasta, hay miles de familias muertas de frío, apiñadas en los sofás de sus respectivos salones, bajo una manta vieja. Están mirando la tele, que consume poco, a ver si de la pantalla encendida surge un poquillo de calor. Pero lo que surge son los sistemas enloquecedores, cada día más, de calcular el precio de la electricidad. Es como si la mitad de los telediarios se dedicaran a hablar del precio del caviar, del que no sabemos si se subasta o va directamente de las manos del productor a las del consumidor. Una cosa está clara: que el caviar pasa por menos manos que el vatio, lo que significa que cuando llega al consumidor último es más barato, en términos relativos, que la luz.

La nacionalización de la electricidad debería ir en cualquier programa electoral decente. Permanezcamos, pues, atentos a la pantalla para ver qué partido político se atreve a sugerirlo. Una vez nacionalizada y convertida en un servicio público, desaparecerían los subasteros, los intermediarios, los vendedores de armas, los especuladores, y pagaríamos por ella lo que cuesta, no lo que vale, o al revés, ahora no caigo.


Hay un problema, y es que las eléctricas recogen con frecuencia a los expolíticos y los introducen en sus estructuras extorsionadoras a fin de que hagan lobby frente a sus excompañeros. Y lo hacen. De ahí la familia muerta de frío frente a un brasero que quizá ha empezado a desprender ya CO2. El país, en general, empieza a oler a anhídrido carbónico. ¿No nota usted problemas de respiración?