sábado, 28 de febrero de 2009

OFICINA DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS ¿NO SON YA MUCHAS LAS OFICINAS DEFENSORAS DE LOS CONSUMIDORES?


En el BOE del pasado 24 de febrero se publicó el Real Decreto-Ley 1/2009, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, en cuyos artículos 4 y 5 se recoge la previsión de creación y funciones de la denominada "Oficina del Defensor del Consumidor de productos energéticos", órgano que viene a sumar a la ya cuantiosa relación de instituciones y organismos sectoriales (Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, Dirección General de Seguros, Dirección General de Aviación Civil, AENA, Servicio de Reclamaciones del Banco de España , Oficina de Agención al Inversos de la CNMV y Comisionados varios...) encargados de defender los derechos de los consumidores y usuarios, al igual que otros organismos e instituciones locales, autonómicos y nacionales, también con competencias defensoras de los derechos de los consumidores (Servicios Municipales de Consumo, Direcciones Generales de Consumo, Agencias, Institutos u órganos equivalentes autonómicos, INC, Centro Europeo del Consumidor, étc), todo ello sin olvidar las Direcciones Generales u, órganos autonómicos equivalentes, competentes en materia de servicios turísticos, actividades recreativas y espectáculos públicos, juego y apuestas o, incluso -chocando frontalmente con el propio ámbito competencial de la oficina que se crea- reclamaciones de usuarios finales de suministros energéticos (hidrocarburos, gas y electricidad), ya que habiendo sido transferida la competencia en materia de industria a las Comunidades Autónomas, a las Direcciones Generales de Industria autonómicas se atribuyen las funciones de la tramitación de reclamaciones en la materia.

Los motivos de la creación de esta Oficina se recoge en la propia exposición de motivos del Real Decreto-Ley 1/2009 en la que se deduce que pueden existir problemas derivados del proceso de liberalización de los mercados de gas y electricidad y de la aplicación del sistema de Suministro de Último Recurso, optándose ante lo que se cree que viene encima por poner "el parche, antes de la herida". En dicha exposición, se recoge lo siguiente:

"Por otra parte, es necesario abordar también los efectos del proceso de liberalización del sector energético y la inminente entrada en vigor del Suministro de Último Recurso que profundizará en la liberalización del sector eléctrico de manera que solo los consumidores con una potencia reducida podrán acogerse a las Tarifas de Último Recurso en los términos exigidos por la normativa comunitaria en la materia, requiere la creación y funcionamiento, con carácter previo a la aplicación efectiva de dicho marco, de una oficina de información, atención y arbitraje para el consumidor de productos energéticos. Sólo con su creación urgente podrá actuar con plena eficacia desde el primer momento, sobre todo teniendo en consideración que es precisamente en el tránsito de una norma a otra cuando se van a producir los principales riesgos para los consumidores.
Adicionalmente, la creciente demanda por parte de los consumidores de una mayor transparencia, claridad e información en la facturación, exige adoptar las medidas orgánicas y funcionales necesarias para la protección de todos ellos".


La creación de esta oficina también ha sido criticada por diversas Asociaciones de Consumidores.

Ver el texto completo del Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones.

viernes, 27 de febrero de 2009

GUÍA DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES


La Oficina de la Procuradora General del Principado de Asturias ha editado la "Guía de los derechos de los usuarios de las técnologías de la información y de la comunicación", con el fin de facilitar la información que los usuarios poseen en el sector de telecomunicaciones.

Resulta especialmente interesante, por su claridad, la parte dedicada a los procedimientos para la defensa de los usuarios contenidos en su capítulo 3º.

En la página web de esta institución (http://www.procuradorageneral.es) se puede acceder al documento completo.

Si se desea conocer la normativa aplicable en dichas reclamaciones, se recomienda leer la Orden ITC/1030/2007, de 12 de abril, por la que se regula el procedimiento de resolución de las reclamaciones por controversias entre usuarios finales y operadores de servicios de comunicaciones electrónicas y la atención al cliente por los operadores.

martes, 24 de febrero de 2009

RESEÑA LEGISLATIVA (SEMANAS 04/09-10/09)



RESEÑA LEGISLATIVA (SEMANAS 04/09-10/09)


LEGISLACIÓN ESTATAL



Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario.

Real Decreto 31/2009, de 16 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad comercial para las patatas de consumo en el mercado nacional y se modifica el anexo I del Real Decreto 2192/1984, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior.

Real Decreto 73/2009, de 30 de enero, sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2009.

Real Decreto 74/2009, de 30 de enero, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia para el ejercicio 2009.

Real Decreto 75/2009, de 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de los Reglamentos comunitarios sobre el sistema de etiquetado de la carne de vacuno, y el Real Decreto 1799/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la reconversión de plantaciones de determinados cítricos.

Real Decreto 97/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda.

Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del sistema para la autonomía y atención a la dependencia garantizado por la Administración General del Estado.

Real Decreto 103/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 866/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones de ensayo.

Orden ITC/110/2009, de 28 de enero, por la que se determinan los requisitos y las especificaciones técnicas que resultan necesarios para el desarrollo del capítulo II del título V del reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.

Orden PRE/156/2009, de 30 de enero, por la que se modifica el anexo IV del Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes transmisibles.

Orden PRE/222/2009, de 6 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (dispositivos de medición que contienen mercurio).

Orden EHA/251/2009, de 6 de febrero, por la que se aprueba el sistema de documentación estadístico contable de las entidades gestoras de fondos de pensiones.

Orden PRE/321/2009, de 13 de febrero, por la que se incluyen las sustancias activas clotianidina y etofenprox en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

Orden SCO/322/2009, de 13 de febrero, por la que se modifican los anexos II y III del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos.

Resolución de 12 de enero de 2009, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas celebradas el día 8 de enero de 2009, correspondientes a emisiones de Bonos del Estado a tres y cinco años.

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2009 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado, y se publica el calendario de subastas para el año 2009 y el mes de enero de 2010.

Resolución de 21 de enero de 2009, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación y para las que se garantice exclusivamente un interés mínimo o determinado en la capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2009.



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA



NORMATIVA EUROPEA


Reglamento no 3 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE/ONU) — Disposiciones uniformes para la homologación de dispositivos catadióptricos para vehículos de motor y sus remolques.

Reglamento no 4 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE/ONU) — Disposiciones uniformes para la homologación de los dispositivos para el alumbrado de las placas de matrícula trasera de los vehículos a motor y sus remolques.

Reglamento (CE) no 78/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativo a la homologación de vehículos en lo que se refiere a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 2003/102/CE y 2005/66/CE.

Reglamento (CE) no 79/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativo a la homologación de los vehículos de motor impulsados por hidrógeno y que modifica la Directiva 2007/46/CE.

Reglamento (CE) no 80/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, por el que se establece un código de conducta para los sistemas informatizados de reserva y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 2299/89 del Consejo.

Reglamento (CE) no 103/2009 de la Comisión, de 3 de febrero de 2009, que modifica los anexos VII y IX del Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles.


Reglamento (CE) no 124/2009 de la Comisión, de 10 de febrero de 2009, que establece los contenidos máximos de coccidiostáticos e histomonóstatos presentes en los alimentos como resultado de la transferencia inevitable de estas sustancias en los piensos a los que no están destinadas.

Reglamento (CE) no 129/2009 de la Comisión, de 13 de febrero de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 197/2006 en lo que respecta a la validez de las medidas transitorias relativas a antiguos alimentos.

Reglamento (CE) no 134/2009 de la Comisión, de 16 de febrero de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en cuanto a su anexo XI.

Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos (Versión codificada).

Directiva 2008/126/CE de la Comisión, de 19 de diciembre de 2008, por la que se modifica la Directiva 2006/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen las prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior.

Directiva 2009/6/CE de la Comisión, de 4 de febrero de 2009, por la que se modifica la Directiva 76/768/CEE del Consejo, relativa a los productos cosméticos, a fin de adaptar sus anexos II y III al progreso técnico.

Directiva 2009/8/CE de la Comisión, de 10 de febrero de 2009, que modifica el anexo I de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los contenidos máximos de coccidiostáticos o histomonóstatos presentes, como resultado de una transferencia inevitable, en los piensos a los que no están destinadas dichas sustancias.

Directiva 2009/9/CE de la Comisión, de 10 de febrero de 2009, que modifica la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios.

Directiva 2009/10/CE de la Comisión, de 13 de febrero de 2009, que modifica la Directiva 2008/84/CE, por la que se establecen criterios específicos de pureza de los aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes.

Directiva 2009/11/CE de la Comisión, de 18 de febrero de 2009, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo para incluir las sustancias activas bensulfuron, 5-nitroguayacolato de sodio, o-nitrofenolato de sodio, p-nitrofenolato de sodio y tebufenpirad.

Decisión del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, por la que se rechaza la propuesta anunciada por la Comisión de un Reglamento del Consejo que desarrolla el Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización de sustancias antimicrobianas para eliminar la contaminación microbiana de las canales de aves de corral.

Decisión de la Comisión, de 23 de enero de 2009, por la que se crea el Comité de responsables europeos de reglamentación de valores.

Decisión de la Comisión, de 23 de enero de 2009, por la que se crea el Comité de supervisores bancarios europeos.

Decisión de la Comisión, de 23 de enero de 2009, por la que se crea el Comité europeo de supervisores de seguros y de pensiones de jubilación.

Recomendación de la Comisión, de 23 de enero de 2009, sobre directrices de buenas prácticas en materia de inspecciones de los aparatos de control realizadas con ocasión de controles en carretera o por talleres autorizados [notificada con el número C(2009) 108]

OPERADORAS DE TELECOMUNICACIONES: UTILIZACIÓN DE UN TELÉFONO 902 COMO SERVICIO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS


La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) estima que no se vulneran los derechos de los usuarios de telecomunicaciones por emplear en el servicio de atención al cliente de una empresa operadora un número 902, cuya tarifa es superior al cobrado por dicha operadora para las llamadas interprovinciales que efectúan sus clientes.


El argumento que se utiliza es que "nada impide, según el Reglamento del Servicio Universal, establecer para el servicio de atención al cliente un precio por llamadas distinto al que el mismo operador pueda establecer para otro tipo de llamadas". Por ello, no resultando los 902 números con tarificación adicional y cobrándose al llamante únicamente el precio de la llamada, no cabe apreciar ninguna conducta infractora.


En el informe efectuado también llama la atención el recordatorio a que la vulneración del Reglamento del Servico Universal "sería sancionable por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en virtud de las competencias atribuidas a éste por el Título VII de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones".

miércoles, 11 de febrero de 2009

VENTA DE AUTOMÓVIL. APLICACIÓN DEL SISTEMA GARANTÍAS


ADQUISICIÓN DE UN AUTOMÓVIL CON DEFECTOS. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍAS
(Sentencia 121/08 de la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección Cuarta, de 28 de mayo de 2008)

En esta interesante sentencia se estudia la aplicación de las reglas de reparación y sustitución aplicables a la garantía en la venta de bienes muebles.

El bien vendido -un automóvil- había sido enviado a reparar en varias ocasiones. El comprador ejerció ante un juzgado la acción resolutoria del contrato invocando las reglas aplicables a la garantía en la venta de bienes muebles a consumidores e igualmente solicitó el reitegro de lo pagado por el impuesto de matriculación. También solicitó en concepto de daños morales una indemnización por cuantía de 3.000 euros.

El juzgado de instancia estimó dicha pretensión, aunque desestimó las pretensiones relativas al reintegro del impuesto de matriculación y la indemnización por daños morales.

Recurrida dicha sentencia ante la Audiencia Provincial de Asturias, ésta revoca la sentencia apelada disponiendo que no procede reconocer el derecho a la resolución del contrato, ya que la acción resolutoria es desproporcionada. Fundamenta dicha decisión en el comportamiento del consumidor comprador del vehículo quien, tras haber tenido diversas averías, no pone a disposición del vendedor el automóvil adquirido para que el contrato sea resuelto, sino que continúa usándolo llegando a pasar dos revisiones (una a los 30.000 km; la otra a los 60.000 km) exponiéndose en la sentencia que “si el demandante ha venido realizando un uso del mismo similar al que realizó hasta la interposición de la demanda es posible que en estos momentos tenga recorridos casi cien mil kilómetros, pudiendo afirmar de un lado que el comprador ha obtenido del coche una utilidad mayor que la que pretende y que las deficiencias que éste presenta no son incompatibles con su utilización (…)”. Por ello “la acción resolutoria que ahora se articula es desproporcionada, atendido el deterioro del vehículo tanto por su uso como por hablar de un bien fungible que se deprecia con los años, procediendo rechazar esa pretensión resolutoria que conlleva la desestimación también respecto del gasto de matriculación”.

No obstante, la Audiencia Provincial sí reconoce el derecho del comprador a obtener una indemnización por los daños morales sufridos, toda vez que es necesario tener en cuenta “las molestias, incomodidades, preocupaciones y pérdida de tiempo que para el apelante ha supuesto los defectos que presenta el vehículo, agravadas por la falta de respuesta y solución satisfactoria tanto por la vendedora como por el fabricante, viéndose en determinados periodos de tiempo privado del automóvil, teniendo que acudir a otros medios de transporte con las molestias y pérdida de autonomía personal que ello comporta”.

Ver texto íntegro de la sentencia

lunes, 2 de febrero de 2009

ETIQUETADO DE CARNE DE VACUNO


ETIQUETADO DE CARNE DE VACUNO
(Modificación del RD 1698/2003)



El Real Decreto 1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de los Reglamentos comunitarios sobre el sistema de etiquetado de la carne de vacuno, modificado mediante el Real Decreto 75/2009, de 30 de enero (BOE 31.01.09) efectúa las siguientes disposiciones en cuanto a etiquetado obligatorio de dicho producto, en su artículo 4:

a-El sistema de etiquetado obligatorio garantizará la relación entre la identificación de canales, cuartos o trozos de carne y cada animal o, cuando ello sea suficiente, con el grupo de animales correspondiente.

b-En el etiquetado de la carne de vacuno, excepto la carne de vacuno picada y los recortes de carne, se indicarán las menciones obligatorias que se establecen en el anexo II.

c-En el caso de la carne despiezada sin preenvasar expuesta para la venta al consumidor final, cuando los países de nacimiento, de engorde y de sacrificio sean distintos, las carnes de los animales se expondrán claramente separadas según su origen. En este caso, el agente económico además, deberá disponer de la información de los números de autorización sanitaria del matadero y sala de despiece, o en su caso, de los mataderos y salas de despiece, para comunicársela a los consumidores finales que la soliciten, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma General de etiquetado, presentación y publicidad de los alimentos.No obstante lo anterior, la información referente a la edad del sacrificio de animales de 12 meses o menos, podrá ser sustituida en cualquiera de las fases de la producción y comercialización, excepto en el punto de venta al consumidor final, por la letra de la categoría prevista en el anexo II, apartado 4.

d- Para la carne de vacuno picada y los recortes de carne se indicarán, al menos, las menciones que se indican en el anexo II, apartados 1 y 3.Dichas indicaciones se aplicarán al etiquetado de la carne picada que contenga mezcla de carne de vacuno con otras especies animales, cuando el contenido de carne de vacuno sea superior al 50 por cien.6. La carne de vacuno importada en la Unión Europea de terceros países, en la que no esté disponible la información prevista en este artículo, llevará en la etiqueta la indicación “Origen: no comunitario” y “Lugar de sacrificio: (nombre del tercer país)”.
No obstante, la carne de vacuno importada en la Unión Europea de terceros países procedente de animales de edad igual o inferior a doce meses, deberá cumplir, en todas las fases de su comercialización y venta, lo dispuesto en el presente real decreto en materia de clasificación, denominaciones de venta y etiquetado.

e- En todos los casos se indicará el nombre completo del Estado miembro o tercer país.

En el Anexo II del RD 1968/2003 se recogen las menciones obligatorias que deben figurar en el etiquetado.

Son las siguientes:

1. El número de referencia o código de referencia que debe relacionar inequívocamente la carne con el animal o grupo de animales de que procede.

2. Mención de los Estados miembros y países terceros que intervienen.

a) El nombre del Estado miembro o el tercer país de nacimiento, precedido de las menciones, excluyentes entre sí, «Nacido en» o «País de nacimiento».
b) Los nombres de los Estados miembros o terceros países en los que haya tenido lugar el engorde, precedidos de una de las siguientes menciones, excluyentes entre sí: «Criado en» o «Engordado en» o «Cebado en» o «País de engorde»*.
c) El nombre del Estado miembro o el tercer país en el que haya tenido lugar el sacrificio, precedido de la mención «Sacrificado en», seguida del número o los números, en su caso, de autorización sanitaria del matadero.
d) El nombre del Estado miembro o el tercer país en el que haya tenido lugar el despiece, precedido de la mención «Despiece en», seguida del número o los números, en su caso, de autorización sanitaria de la sala o salas de despiece.En el caso de que la carne de vacuno proceda de animales nacidos, criados y sacrificados en el mismo Estado miembro o en el mismo tercer país, las menciones referidas al Estado miembro o tercer país de nacimiento, engorde y sacrificio se podrán sustituir por el nombre de dicho Estado miembro o tercer país precedido de la mención «Origen» y el número de autorización sanitaria del matadero.

3. En el caso de la carne picada y los recortes de carne, las menciones del apartado anterior podrán ser sustituidas por las siguientes:

a) La mención «Producido en», seguida del nombre del Estado miembro o del tercer país de elaboración. En el caso de los recortes de carne se indicarán además el número de autorización sanitaria del establecimiento de elaboración.
b) El nombre del Estado miembro o tercer país en el que haya tenido lugar el sacrificio, precedido de la mención «Sacrificado en» o «País de sacrificio».
c) Los países de nacimiento y engorde de los animales cuando no coincidan con el país de producción o elaboración de la carne picada.

4. En el caso de los animales de edad igual o inferior a doce meses, se indicarán las siguientes menciones:

a) «Edad de sacrificio: Hasta 8 meses», categoría «V», cuando se trate de animales de edad inferior o igual a ocho meses, y que corresponde a la denominación «ternera blanca» o «carne de ternera blanca».
b) «Edad de sacrificio: De 8 a 12 meses», categoría «Z», cuando se trate de animales de edad superior a ocho meses e inferior a doce, y que corresponde a la denominación «ternera» o «carne de ternera».

5. Para la carne de reses de lidia definida de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 260/2002, de 8 de marzo, por el que se fijan las condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de carnes de reses de lidia.

a) El número de referencia, establecido en apartado 1, será el código de identificación del animal establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina.
b) El número de autorización sanitaria del matadero será sustituido por el número asignado al lugar en el que se desarrolle el espectáculo taurino o festejo popular asignado en la base de datos de identificación y registro de bovinos establecida en el artículo 12 del Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre.En el caso de que el faenado o despiece de los animales se realice en alguno de los establecimientos recogidos en el artículo 3.5.a) y b) del Real Decreto 260/2002, de 8 de marzo, se indicará, además, el número o los números de autorización sanitaria de dichos establecimientos


* En el caso de que el animal haya permanecido menos de 30 días en el Estado miembro o tercer país de nacimiento o en el Estado miembro o tercer país de sacrificio, no será necesario indicar dicho Estado miembro o tercer país en el etiquetado como país de engorde.